¿Qué es el 4×1000?

El gravamen del 4×1000 fue creado en el país mediante el decreto 2331 de 1998, expedido al amparo de la emergencia económica invocada por el Gobierno, para enfrentar la crisis financiera doméstica de esa época. Inicialmente la medida tenía una vigencia temporal, de un (1) año, y tenía como destinación: «preservar la estabilidad y la solvencia del sistema y proteger a sus usuarios».

¿Por qué el 4×1000 duró más del año previsto? 

Cuando se superó la crisis financiera, en 1999 ocurrió otra emergencia económica, (terremoto en la zona cafetera del país) el tributo se prolongó por otro año y se modificó el destino de los recaudos. Estos debieron entonces ayudar a financiar los gastos de la reconstrucción de las poblaciones más perjudicadas por la catástrofe natural. En el 2000, el gravamen fue convertido en un impuesto permanente y su tarifa inicial como contribución fue del 2×1000 para los retiros realizados de las cuentas corrientes y de ahorro, los depósitos en el Banco de la República (BR) y la emisión de cheques de gerencia. Pasados unos meses, la tasa se incrementó a 3×1000 en 2000 (Ley 633) y en 2003 se elevó a 4×1000, de manera transitoria hasta 2007 (Ley 863), sin embargo en 2006 la tarifa del 4×1000 se fijó como permanente (Ley 1111).

En 2010 se determinó que este impuesto tendría un desmonte gradual  , pasando a ser de dos por mil entre los años 2014 y 2015, uno por mil entre los años 2016 y 2017 y a partir del año 2018 de cero por mil (ley 1430 de 2010). Sin embargo, la crisis en el agro colombiano obligó al Gobierno Nacional a replantear esta decisión, determinando que en 2014 se mantenga el impuesto y el desmonte inicie a partir de 2015 con el dos por mil; en 2016 y 2017, con el uno por mil, y que desaparezca en 2018 (ley 1694 de 2013) . Esta decisión fue nuevamente reversada por la reforma tributaria presentada en 2014 que mantiene el 4×1000 hasta 2018 y pospone su desmonte gradual hasta 2019 (Ley 1739 de 2014). 

Asobancaria, así como todos sus asociados se oponen al cobro del 4×1000, por considerarlo un impuesto antitécnico, dañino para la economía, regresivo y socialmente lamentable que dificulta el acceso a los servicios financieros  e impacta en su costo. Este tipo de impuestos desestimula el uso de sistemas de pagos formales y seguros como las cuentas corrientes y de ahorro.

A los largo de la historia de Colombia, a partir de 1999 fecha en la cual dio luz el gravamen a movimientos financieros se ha podido observar como en el transcurrir de estos dieciocho años 14 que cumple este impuesto ha sido manipulado de manera que su desmonte se ha pospuesto en más de tres ocasiones y esto para poder mitigar o solventar situaciones desfavorables para el país, empezando por una crisis financiera, pasando por un desastre natural, problemas en el sector del agro colombiano entre otras situaciones.

Aún después de todo esto, hoy a fecha de 2021 este impuesto sigue vigente y no parece que vaya a desaparecer pronto.